Aprueban por insistencia PL que sanciona con cárcel el acaparamiento y especulación

La Comisión de Defensa   del Consumidor, aprobó por unanimidad la insistencia de la autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo, que modifica el Código Penal y el Código de Protección y Defensa del consumidor, respecto al acaparamiento, especulación y adulteración. En   la   sesión   de   este   jueves 16, congresistas   de   diversas   bancadas   saludaron   y respaldaron   la   iniciativa   puesta   a   debate   nuevamente   en   ese   grupo   de   trabajo   y consideraron   su   aprobación   por   ser   de   suma   importancia   para   sancionar   el acaparamiento, especulación y adulteración de productos en las zonas declaradas en estado de emergencia.

Los   parlamentarios   Franco   Salinas   López   y   Rolando   Campos   Villalobos   (AP),   se mostraron en contra de las observaciones del Poder Ejecutivo y manifestaron que su aprobación en el próximo Pleno del Congreso debe ser inmediata, toda vez, que está en juego la vida y salud de millones de personas.

“Parece que las observaciones presentadas por el Ejecutivo han sido elaboradas en el directorio   de   una   empresa   privada.   Presiento   que   esto   tiene   más   un   contenido empresarial que observaciones de un poder del estado”, sostuvo Salinas López.

En el mismo sentido, el congresista Yim Mamani Barriga (UPP) y Rubén Ramos Zapana consideró que las observaciones carecen de argumentos fácticos y legales.

“Más que observaciones razonables parece una acción que refleja un sometimiento del gobierno a algunos grupos de poder que ejercer posición de dominio en el mercado, por esa condición abusan de la situación económica de nuestros compatriotas con la venta de medicamentos a precios inaccesibles”, sostuvo Mamani.

Por su parte, Reymundo Dioses Guzmán (SP) lamentó la falta de entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, dado que desde el 2017 la autógrafa de ley ha sido observada hasta en dos oportunidades. “Lamento   que   después   de   tres   años   no   podamos   haber   adecuado   los   delitos   de acaparamiento y especulación al régimen económico establecido en la Constitución de1993. Los únicos perjudicados son los consumidores”, refirió.

Carmen Omonte Durand (APP) sugirió que las observaciones se limiten al tipo penal de acaparamiento a situaciones de emergencia quedando en el ámbito administrativo las conductas que se realicen en épocas normales y de esa manera racionalizar y equilibrar el actuar del derecho penal.

“Tenemos   que   dar   énfasis   y   concentrarnos   a   todo   lo   que   hemos   mencionado anteriormente a situaciones de emergencia de desastre. Eso le va a dar mucho mayor potencia a lo que estamos debatiendo”, dijo.

La legisladora Zenaida Solís Gutiérrez (PM) consideró que hay una insuficiencia de control administrativo, toda vez, que para los grupos que tienen control de dominio el pago de multas administrativas no ha sido problema. “Pagan la multa con una sonrisa y siguen adelante con las mismas conductas, inclusive contratando con el Estado, y este no se da por aludido. El Estado no lo sanciona, no los reprime, nos los deja de contratar, eso es una insuficiencia de control administrativo”, advirtió Solís Gutiérrez.

José Luis Ancalle Gutiérrez (FA) dijo que el Poder Ejecutivo está velando por los intereses de las empresas y no por los consumidores, por los ciudadanos que están padeciendo esta pandemia.

“Son momentos en la que todos tenemos que unirnos y dar la mejor predisposición para   poder   permitir   que   mecanismos   excepcionales   puedan   ayudar   a   la   población sobre   todo   para   mantener   la   vida   de   las   personas.   Es   difícil   comprender   que   el Ejecutivo haya observado la norma”, precisó.

Finalmente, la Comisión de Defensa del Consumidor acordó pasar a cuarto intermedio la iniciativa legislativa que propone la ley que modifica el Decreto Supremo 054-97-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones.