Brasil: Extienden investigaciones de Lava Jato hasta enero 2021
La Fiscalía de Brasil prorrogó
hasta enero próximo los trabajos del grupo de fiscales al frente de la
operación Lava Jato en Curitiba, la ciudad donde nació la mayor operación
contra la corrupción de la historia del país, informaron fuentes oficiales este
miércoles (09.09.2020).
La entidad señaló en un
comunicado que las labores de todos los 14 fiscales que actúan en el grupo de
trabajo especial en la capital regional del estado de Paraná fueron prolongadas
por cuatro meses más, hasta el 31 de enero de 2021, aunque el grupo había
solicitado una prórroga de un año.
La Procuraduría también aceptó el
pedido de que 11 de los 14 fiscales puedan dedicarse exclusivamente a la
operación en Curitiba, cuyas actividades serían terminadas mañana jueves si no
existiera la prórroga.
"La providencia busca
permitir que el fiscal natural (Oliveira) tenga protagonismo en la actual
decisión en cuanto a la plantilla y al tiempo de la actuación conjunta, así
como familiarizarse con los miembros que lo auxilian", destacó el
vicefiscal general de Brasil, Humberto Jacques de Medeiros, citado en el
comunicado.
En una nota, el grupo especial de
fiscales en Curitiba celebró la prórroga por considerar que atiende a los
"intereses públicos" y permitirá que "resultados significativos
sean obtenidos en beneficio de la sociedad brasileña".
Condenan a expresidente del
Congreso
En el marco de la operación Lava
Jato, el expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha,
impulsor del juicio político contra la expresidenta Dilma Rousseff, fue
condenado este miércoles en primera instancia a 15 años y 11 meses de prisión
por corrupción pasiva y lavado de dinero.
El juez Luiz Antonio Bonat, de un
tribunal federal de la sureña ciudad de Curitiba, aceptó la denuncia presentada
por la Fiscalía y consideró a Cunha culpable de haber solicitado y recibido
coimas en contratos para la construcción de navíos sonda de la petrolera
estatal Petrobras.
Según la denuncia de la Fiscalía,
el expresidente de la Cámara de Diputados exigió y recibió sobornos por cinco
millones de dólares en los contratos para la construcción de buques sonda por
parte de Petrobras, en una trama que habría desviado unos 10 millones de
dólares de las arcas públicas.
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