China y el aumento del tráfico de jaguares en América Latina
Cráneos, dientes y pieles son las partes más codiciadas de los jaguares, de los que apenas existe una población de 173.000 ejemplares. El comercio ilegal y la deforestación, que ha provocado que haya perdido un 50% de su hábitat, amenazan esta especie que ya está en peligro de extinción en varios países de la región como Argentina, México, Costa Rica y Venezuela.
Entre 2012 y 2018 se mataron más
de 800 ejemplares de jaguares en América del Sur y América Central para enviar
partes como mercancía de contrabando a China, según el estudio ‘Mercado ilegal
de felinos silvestres y su conexión al desarrollo encabezado por China en
América Central y América del Sur’ publicado en ‘Conservation Biology’.
“Desde 2014, Bolivia comenzó a
llamar la atención sobre un mercado emergente de partes del cuerpo de jaguar
allí”, explicó a DW Thays Morcatty, experta en tráfico salvaje en la Amazonía,
que lideró dicha investigación.
Ahí hubo un incremento de demanda
de partes, así como de detenciones que “coincidían en zonas donde estaban
trabajadores de empresas chinas llevando a cabo construcción de obras de
infraestructura, puentes y carreteras”, recordó a DW Eduardo Franco, director
de la Fundación Blue Foresta.
Posteriormente, en otros países
de la región comenzó a producirse un fenómeno inusual. “Los jaguares siempre
morían debido a conflictos con el ganado, pero las partes del cuerpo que
faltaban en los cadáveres, como la cabeza y las patas, indicaban algo más”,
subrayó la experta brasileña.
Tras el análisis de más de un
millar de felinos silvestres incautados, entre ellos el jaguar, el puma y el
ocelote, en 19 países de América Central y América del Sur y en China, se
concluyó que la incautación de artículos de jaguar aumentó y que la mayoría de
ellos fueron colmillos (1991 de 2117). Por otro lado, se observó que cerca del
34% (32 de 93) de los reportes de incautación estaban vinculados con China.
La investigación también examinó
la relación entre el número de jaguares comercializados, la población migrante
china que vive en América Latina y el monto de la inversión privada china en
empresas de infraestructura. Y es que la inversión china en Centroamérica y
Sudamérica, particularmente en Brasil y Perú, se ha multiplicado por diez
durante la última década.
“Según las autoridades locales,
muchas de las incautaciones realizadas en los países de origen, y pocas en
China, involucraron a ciudadanos chinos en tránsito entre países
latinoamericanos y China; parte de esos ciudadanos fueron empleados por
empresas chinas que operan empresas de infraestructura en países
latinoamericanos”, explicó Morcatty.
¿La tapadera perfecta?
La investigación apuntó que el
tráfico de productos ilegales de jaguar es un efecto colateral de la
colaboración económica entre China y la región. “Si existe un intenso flujo
legal de dinero entre países, los productos ilegales pueden moverse entre los
países con una menor probabilidad de levantar sospechas”, subrayó Morcatty.
La investigadora también apuntó a
la corrupción como uno de los factores que incitan al tráfico ilegal de
jaguares en la región. “Cuanto menor es la probabilidad de recibir sanciones,
mayor es la disposición para realizar la actividad ilegal”, agregó.
En este sentido, el reporte
reveló que los países con niveles altos de corrupción , con inversión privada
proveniente de China, y con un bajo ingreso per cápita tuvieron de 10 a 50
veces más incautaciones de artículos de jaguar que los demás países analizados.
A este factor se une la pobreza
que puede motivar a la población local a involucrarse en actividades ilícitas.
Franco recordó el caso de un acopiador del municipio de San Joaquín, en
Bolivia, que “recolectaba todos los colmillos y luego se los vendía
directamente al traficante chino”. En este sentido, subrayó el rol clave del intermediario “pues muchos
no manejaban bien el español y su respaldo eran estas personas locales con las
que trabajaban codo con codo”.
Ofrecer nuevas perspectivas
ante un negocio dinámico
No obstante, Franco apuntó que
después de las numerosas detenciones que se llevaron a cabo en Bolivia en 2018,
la figura del intermediario se eliminó por el temor de los traficantes. “Al ser
negocios ilícitos que se desarrolla en mercados negros, al igual que la droga,
están en constante cambio, no son estáticos”, recordó, subrayando que se ha
hecho “un salto de la cadena” en una actividad ilícita que no ha desaparecido
pues “se hace directamente negocio con el cazador”.
Para Morcatty, la solución pasa
por “aumentar la gobernanza local y diversificar las fuentes de ingresos para
las personas que viven en áreas rurales que estimulan la preservación de los
bosques cercanos”. Así, se puede ofrecer una alternativa a la población
"cuya fuente de ingresos está basada en la explotación de recursos
naturales o la agricultura, que es muy estacional y está sujeta a grandes pérdidas
debido a eventos inesperados como sequías, inundaciones y plagas".
DW Español



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