Justicia boliviana anula clausura escolar decretada por el Gobierno por pandemia
El Tribunal de La Paz anuló la
clausura anticipada de la gestión escolar decretada a principios de agosto por
el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez como consecuencia de la pandemia de
COVID-19, informó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
"La Sala Constitucional
Primera hoy ha generado jurisprudencia al resguardar el derecho a la educación
en nuestro país, que en Bolivia estaba siendo lesionado por el Órgano
Ejecutivo. Nosotros convocamos al Ministro de Educación y a sus viceministros a
cumplir el fallo, no podemos esperar a que pase la pandemia", dijo Cruz en
conferencia de prensa.
La resolución judicial emergió
como consecuencia de una demanda de Acción Popular interpuesta por la diputada
Lidia Patty, del Movimiento Al Socialismo (MAS), contra el Ministerio de
Educación.
La Defensora dijo que asistió a
la audiencia judicial para respaldar a la parlamentaria y divulgó copias de la
resolución que suponía un duro revés para el Gobierno transitorio de Jeanine
Áñez, que también con el argumento de la pandemia ha cuestionado la realización
de elecciones generales.
"Se instruye a que el nivel
central, a través del Ministerio de Educación, en un plazo no mayor a 10 días
hábiles, provea una política pública integral para garantizar por todos los
medios el derecho a la educación de todos los ciudadanos en edad de
escolarización", dijo la resolución.
Advirtió que el Gobierno debía
"asumir su responsabilidad y no evadirla bajo ninguna circunstancia",
y tomar en cuenta en sus decisiones a "todos los actores participantes de
la educación", en aparente referencia a los sindicatos docentes que no
fueron consultados para la clausura del ciclo escolar.
El Gobierno anunció el cierre
escolar el 2 de agosto, con el argumento de que la pandemia de COVID-19
seguiría creciendo en los próximos meses, y dispuso que todos los estudiantes
de primaria y secundaria sean promovidos automáticamente al grado superior.
La clausura fue criticada
duramente por los sindicatos docentes y de otros sectores, los colegios
privados, la Iglesia Católica y varias oficinas de Naciones Unidas.
Áñez no cedió ante esas protestas
y ratificó su confianza en el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, cuya
renuncia fue planteada por sindicalistas, políticos opositores y medios de
comunicación.
Cárdenas explicó que la clausura
se debía tanto a la falta de infraestructura para clases virtuales como a la
posición "intransigente y política" de los sindicatos de maestros,
que rechazaron un plan de educación a distancia.
Los docentes denunciaron que el
plan gubernamental no consideraba el uso de medios estatales de comunicación y
dejaba fuera de la educación a vastos sectores rurales sin acceso a internet, y
en muchos casos también sin electricidad.
Regularmente, las clases en
Bolivia transcurren de febrero a noviembre.



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